Es un poco largo...........
El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley de Reproducción Asistida que permitirá seleccionar embriones para curar a un hermano enfermo. Este ha sido uno de los puntos que llevó al Grupo Popular a votar en contra de una parte del dictamen de este proyecto, que será remitido al Senado, para su debate y votación de enmiendas.
Antes de la votación y al presentar el proyecto en el pleno, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha lamentado la oposición del Grupo Popular a esta futura norma y especialmente a algunos de sus aspectos más innovadores como es la citada selección genética.
Además de regular las técnicas de reproducción asistida para que personas con problemas de fertilidad puedan tener descendencia, el texto recoge otros puntos relacionados con la prevención y tratamiento de enfermedades, el incremento de la seguridad de los procesos y una mejor información a los usuarios de estas técnicas.
Sin límite de ovocitos
La ley de 2003, redactada por el Gobierno popular, limitaba a tres los ovocitos fecundables por cada ciclo. Según ha recordado Salgado, la nueva normativa suprime esta limitación y lo deja a criterio médico para incrementar así la posibilidad de éxito del embarazo y evitar la repetición de ciclos, que suponen un alto coste para la salud de la mujer.
El número máximo de embriones que se pueden implantar en cada paciente sigue siendo tres, para evitar embarazos múltiples.
En cuanto a los embriones sobrantes, serán las parejas las que decidan si los quieren congelar para reservarlos para su uso en un futuro, para donarlos a otras parejas o para autorizar que se utilicen en investigación. La ley del Gobierno popular resolvía que los embriones sobrantes anteriores a la ley podrían utilizarse con estos fines, pero no los posteriores.
La diputada del PP María Roldós explicó que la reforma de 2003 se hizo con criterios éticos y abierta a la investigación y consideró que las novedades incluidas ahora carecen de justificación clínica y social.
Sí a las técnicas experimentales, no a la clonación
Salgado durante su intervención en el Congreso (Foto: EFE | Mondelo)
Además de los métodos reconocidos como técnicas de reproducción asistida (fecundación in vitro, inseminación artificial, inyección intracitoplasmática, con gametos propios o de donante y con transferencia de embriones, y la transferencia intratubárica de gametos), Sanidad introduce la novedad de que se puedan aplicar provisionalmente "técnicas experimentales", con autorización previa y de forma tutelada. Además, el listado de técnicas podrá irse actualizando mediante decretos ley.
La práctica conocida como 'madres de alquiler' seguirá siendo ilegal, al igual que la clonación con fines reproductivos. En cuanto a la clonación con fines terapéuticos, al no tratarse de una técnica de reproducción humana asistida, sino de investigación, en principio será regulada en la futura Ley de Investigación en Biomedicina.
Diagnóstico genético preimplantacional
Cuando la ley entre en vigor, será posible realizar técnicas preimplantacionales con fines terapéuticos para terceros, previo análisis del caso por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Es decir, que podrá generarse un hijo sano cuyos tejidos sean compatibles con los de su hermano enfermo para poder, en un futuro, curarlo.
Es uno de los avances prácticos de la ley, en el caso de enfermedades de origen incurable, la posibilidad de seleccionar entre los óvulos fecundados en procesos de reproducción asistida aquel embrión que no tenga el gen de esa enfermedad, y dé origen a un niño sano sin esa enfermedad", señalaba recientemente Salgado.
La propuesta para que la ley incorporase la posibilidad de seleccionar activamente el sexo del embrión fue rechazada por los diputados.
No discriminación
El debate de la Ley en el Congreso incorporó un apartado que indica que las mujeres tendrán derecho a ser usuarias o receptoras de las técnicas de reproducción humana asistida sin que puedan hacerse distinciones por motivo de su opción sexual o estado civil. El texto incluye además una disposición que garantiza la no discriminación de las personas con discapacidad.
El amplio debate social suscitado por esta ley se ha materializado en numerosas declaraciones realizadas tanto por sus partidarios como sus detractores. A la cabeza de éstos últimos se sitúa la Iglesia, que pidió a los diputados católicos que no apoyaran esta ley.
